La Administración Pública en la “Nueva forma de Gobernar”

Abel Contreras Pinilla, Estudiante Administración Pública, DCU USACH Mario Martínez

Un conflicto que últimamente ha salido de la pantalla (lo que no significa que este menos latente), son los constantes roces que hemos visto entre el Gobierno y los empleados fiscales. Instituciones que debiesen ser “uña y mugre” se presentan como bandos opuestos ante la opinión pública. Pero ¿Que es lo que ocurre realmente?: ¿Persecución Política?, como dicen algunos; ¿Están ordenando la casa?, como dicen los otros; ¿Existe o no prepotencia por parte del Gobierno?

Los problemas no son nuevos para los que trabajan dentro del sistema público; la burocracia (en ocasiones muy poco humana), los casos de fraude al fisco (ChileDeportes, MOPGate), el mal diseño o implementación de políticas públicas (Transantiago) y para que nombrar el Estatuto Administrativo, transgredido hace ya tiempo en el número de empleados permitidos a contrata, lo que facilitó la drástica disminución de personal desde que entró el nuevo Gobierno. Sin embargo, estos problemas se asumían y se superaban juntos, Gobierno y AP. Esto cambió radicalmente al entrar el nuevo Gobierno, algo así como cuando llega un nuevo profesor firme y serio para demostrar su autoridad. ¿Su objetivo? Transformar la Administración Pública, para ser acorde al actual Gobierno, a sus prioridades, a su nueva forma de gobernar.

Es en este legítimo proceso se cometen dos errores garrafales:

El primero es que el Gobierno se instaló a la defensiva, denotando faltas y perezas, enrostrando la culpabilidad a los empleados públicos de vicios de Gobiernos anteriores. Se desconfía de la labor que puedan realizar, por lo que los jefes muchas veces actúan de “patrones”. En este poco amistoso acercamiento, se intenta a la vez rehacer el sistema; modernizar los servicios, agilizar la burocracia, utilizando impetuosamente recursos de la administración privada, lo que causó un desequilibrio entre empleados y jefes (porque estos cambios son graduales, la AP no está diseñada para cambios bruscos), lo que llevó a romper su sagrada promesa: “No despediremos a nadie”.

El segundo error es que gran parte de los reclutados al “Gobierno de Excelencia” prefirió continuar en el sector privado. No hubo la capacidad para cubrir todos los cargos, tuvieron que llevar gente a regiones, nombrar a personas con conflictos de interés e incluso a exfuncionarios del Gobierno Militar (aunque se removieron rápidamente). Sin embargo, y hay que reconocerlo estuvieron los que se la jugaron a entrar al mundo público, ¡incluso con sueldos reguleques! ($3.729.923), pero no se adecuan a que esta no es una empresa y ya no pueden dictar como lo dispongan: informando la afiliación política y sindical de los funcionarios, regulando incluso como visten (en los GORE de Atacama y Coquimbo respectivamente), trasgrediendo los principios de Estado Laico (con la exdirectora de la Junji), entre otros casos.

Para resumir; primero se desconfía de la labor de los empleados públicos y se los “persigue”, sin embargo, la nueva administración no pudo tampoco mejorar la situación, al contrario, sus personeros se erigieron como un mal ejemplo para la administración del Estado. Estos motivos hacen entender el descontento de la ANEF y los empleados públicos. Esta no es una disputa política, sino una discusión que se refiere a la regulación de las relaciones entre el Gobierno y la AP, que confíe en ella como motor del Gobierno y en su gestión como ente despartidizado políticamente.